Qué enseña la huelga de las automotrices respecto del cambio climático

NUEVA YORK – La primerísima huelga del sindicato United Auto Workers (UAW) contra las “tres grandes” (General Motors, Ford y Stellantis, propietaria de Chrysler) resalta la necesidad de alinear la acción climática, el crecimiento económico y los derechos de los trabajadores. Las políticas públicas tendientes a aumentar la producción de vehículos eléctricos y sus ventas pueden movilizar la innovación y la inversión del sector privado en modos que beneficien a los trabajadores. Pero para hacer realidad ese potencial hay que reconsiderar el papel del Estado y de los trabajadores como impulsores de cambios económicos positivos a gran escala.
UAW dejó en claro que no se opone a la transición a una economía descarbonizada, pero insiste en que el cambio debe incluir la creación o preservación de empleos de calidad. De esto se desprende que, si la “transición verde” no produce justicia laboral y económica plenas, no tendrá suficiente apoyo político y fracasará al empezar. Y no nos engañemos: sólo el Estado tiene la capacidad de impulsar esta transformación económica y asegurar que mejore las vidas de los trabajadores. He aquí lo que debe hacer.
En primer lugar, el Estado puede y debe hacer más en el sentido de fijar una dirección general para la inversión, la innovación y el crecimiento. Estableciendo objetivos o “misiones” audaces en materia climática, con metas ambiciosas y medibles, el Estado puede movilizar la inversión pública y privada y alentar la innovación multisectorial.
En segundo lugar, los gobiernos pueden poner como condición para el acceso a financiación pública que las empresas receptoras implementen políticas laborales justas, limiten la recompra de acciones, pongan sus operaciones en línea con los objetivos climáticos y reinviertan ganancias en los trabajadores y en investigación y desarrollo. Uno de los modos de hacerlo es resignificar los programas de subsidios ya existentes, usándolos para incentivar a la industria automotriz y a sectores relacionados a llevar adelante una transformación compatible con una transición verde justa. La fijación de condiciones para la recepción de subvenciones públicas, la compra de títulos de deuda o acciones, el otorgamiento de beneficios fiscales y otros incentivos son poderosos recursos para maximizar la creación de valor público.